La Federación de Enseñanza de CCOO, CSIF, STECyL-i y UGT Servicios Públicos Castilla y León anunciaron hoy su intención de convocar movilizaciones “en las próximas semanas” si la Consejería de Educación no participa en las negociaciones que están manteniendo para establecer los nuevos convenios de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Según apuntan en un comunicado conjunto difundido por Ical, las negociaciones llevan bloqueadas desde el 22 de mayo de 2023, mientras que en el del PTGAS, obsoleto desde hace dos décadas, el bloqueo se retrotrae al 13 de diciembre de 2022, fechas en las que se celebraron las últimas reuniones de las comisiones negociadoras.

“En el transcurso de los dos procesos de negociación, los representantes de las universidades afirmaron que el bloqueo se había producido por la falta de financiación de la Junta”, por lo cualificado consideran “imprescindible” que la Consejería de Educación participe en el proceso de mediación-conciliación.

Con esa intención, el pasado 21 de noviembre acudieron a una primera reunión con el Serla, donde las cuatro organizaciones sindicales reclamaron establecer un calendario de reuniones para cada convenio, así como un método de trabajo en el que se garantizase la participación de la Junta. Posteriormente, en la reunión celebrada el pasado martes, 20 de enero, se acordó convocar las mesas de negociación de los convenios colectivos para el 4 de febrero en el caso del PDI contratado y para el 10 del mismo mes en el caso del PTGAS.

“A pesar de este avance, lamentablemente, la representante de la Consejería de Educación nos comunicó su negativa a asistir presencialmente a las sesiones de negociación, a pesar de las competencias que les atribuye la LOSU, lo que podría suponer un nuevo bloqueo de las negociaciones en el caso de que la Junta se retrase en responder o, finalmente, no autorice los incrementos de gasto de personal que podrían derivarse de la negociación de ambos convenios colectivos”, lamentan.

En ese sentido, critican la “falta de voluntad” por parte de la Consejería de Educación y el “silencio significativo” por parte de la Universidades, lo que significa “no poder cambiar las lamentables condiciones laborales del personal de las universidades de Castilla y León”.