ICAL - CCOO, Csif, UGT y Stecyl reclaman avances en la negociación del tercer convenio colectivo con incrementos salariales en todas las categorías del PDI, al denunciar que son los peores pagados de España

Comisiones Obreras (CCOO), Csif, UGT y Stecyl-i cargaron hoy en Valladolid contra la “actitud indolente” de la Junta de Castilla y León y las cuatro universidades públicas por la precariedad de las retribuciones económicas del personal docente investigador (PDI), que incluye a las figuras del profesor permanente laboral, el ayudante doctor, el sustituto y el asociado. Son cerca de 3.000 docentes que, según denunciaron los sindicatos, son los peor pagados de España, por lo que exigieron un incremento de los sueldo de este personal, que supondría un desembolso de 33 millones de euros para la actualización de las tablas salariales y once millones más para el pago de los complementos autonómicos.

En concreto, las propuestas de las tablas salariales de las cuatro organizaciones sindicales pasan por la equiparación de la retribución del profesor permanente laboral (PPL) al titular de universidad y subidas salariales para los ayudantes doctores (90 por ciento de lo que cobra un profesor con plaza indefinida), profesores colaboradores (80 por ciento), profesores sustitutos (65 por ciento) y asociados (mantener el sueldo base que tenían con la anterior ley universitaria LOU). En el caso de los PPL, el salario se quedarán en 40.469 euros, con un incremento de 3.000 euros anuales y así situarse en las tablas de universidades de comunidades autónomas limítrofes como Galicia, Cantabria y La Rioja. Para los ayudantes doctores, sería un sueldo de 36.422 euros; colaboradores, 32.375 euros; sustitutos, 26.674 euros, que ahora cobran menos que el SMI, pese que en algunos casos es su única dedicación laboral, y asociados, 10.562 euros. 

Unas actualizaciones que, según recogió la Agencia Ical, deberían estar recogidas en el tercer convenio colectivo del PDI de las universidades públicas, después de que el anterior fuera denunciado por los sindicatos en 2018. Es decir, el convenio en vigor lleva ocho años prorrogado o en ultraactividad y, por tanto, sin actualizarse. Tras varias reuniones con los vicerrectores del Profesorado, las negociaciones están bloqueadas desde 2023 y el año pasado se acudió al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), a la que acudió un representante de la Junta. No en vano, los sindicatos recordaron que la negociación se hace con las universidades pero el acuerdo requiere del visto bueno de las consejerías de Hacienda y Educación. “La participación de la Junta es fundamental para coordinar a las universidades, autorizar los incrementos de gasto que se deriven de la firma del nuevo convenio y financiar adecuadamente las universidades”, recoge el escrito presentado en la Consejería de Educación.

Pablo Poveda, de UGT, consideró una “necesidad imperante” contar con un nuevo convenio colectivo para el personal docente investigador de las universidades, ya que Castilla y León tiene algunas de las figuras peor pagadas del ámbito nacional, sobre todo en los profesores permanente laborales y ayudantes doctores. “Estamos ante una situación de parálisis y de indolencia ante estos agravios comparativos con otras comunidades autónomas”, subrayó.

Un convenio que también deberá recoger una adaptación de la LOSU al marco normativo autonómico, al igual que ya se lleva a cabo en otras regiones. Además, los sindicatos criticaron los agravios comparativos que existen entre las propias universidades de la Comunidad, ya que los profesores de la Usal de Salamanca cobran más que los compañeros con la misma categoría que las otras tres (Burgos, León y Valladolid). Por lo tanto, pidieron un convenio homologable para que todos los docentes de una categoría tengan las mismas retribuciones, con independencia de si están en una universidad u otra de Castilla y León, Además, pretenden que todos cobren los mismos complementos salariales, tanto si tienen contratos temporales como indefinidos. 

Por otro lado, las organizaciones sindicales recordaron que la propia LOSU establece que las autonomías podrán establecer retribuciones al personal docente investigador laboral ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las actividades docente, investigadora, transferencia e intercambio del conocimiento e innovación y actividad de gestión. 

Por su parte, Ana María Negro, de Stecyl-i, acusó a la Consejería de Educación de no haber hecho “absolutamente nada” esta legislatura por el personal de las universidades públicas. “Ha dejado transcurrir el tiempo, pese a que ha habido una ley orgánica que cambia la gestión de las instituciones y que obliga a las autonomías a desarrollar un marco normativo. Debió desarrollarse, por ejemplo, un decreto de profesorado con las figuras y la promoción. 

Fuga de docentes

Negro aseguró, según Ical, que las retribuciones del profesorado universitario llevan más de 12 años sin actualizarse que, incluso, puede ser más por que con la firma del segundo convenio se pidió un “esfuerzo” por la situación de crisis económica. “La Junta olvida a las universidades públicas de forma sistemática, sobre todo en los últimos años, pero también del impacto social de estas instituciones por que forman a alumnado pero también son centros de investigación”, subrayó. En este sentido, alertaron de la fuga de profesores a universidades de otras regiones donde hay mejores sueldos y la dificultad para atraer talento. 

El representante de CCCOO Julio Serrano anunció asambleas informativas en las cuatro universidades públicas para explicar al profesorado la situación, además de llevar a cabo concentraciones frente a los rectorados y las direcciones provinciales de Educación por que consideraron que sus reivindicaciones son “relativamente sensatas”.