Los rectores de las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid, Manuel Pérez Mateos, Ricardo Rivero y Antonio Largo Cabrerizo, respectivamente, cargaron contra la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto definitivo fue aprobado el pasado jueves, 9 de marzo, en el Congreso de los Diputados, porque trae consigo “más problemas que ventajas”, criticaron la falta de “financiación” y denunciaron que tampoco resuelve la situación de las plantillas.

Largo Cabrerizo se mostró “frustrado”, en declaraciones a Ical, y denunció que la reforma constituye una “oportunidad perdida para la reforma sistema universitario español de manera eficaz”. “No es la ley que necesitamos las universidades, porque no es la ley que nos ayuda a encauzar algunos de los problemas que tenemos. Mi valoración no es desde luego positiva”, dijo.

Ricardo Rivero arremetió contra una ley que “lejos de resolver las necesidades y potenciar las capacidades de las universidades”, en su opinión, “genera nuevos problemas y presenta un claro sesgo ideológico”. Insistió en la influencia de “perfiles ideológicos radicales” en la LOSU y afirmó que el texto introduce cambios sustanciales en el desempeño de las entidades de educación superior y que, para el mandatario de la institución académica salmantina, arroja una valoración “negativa” en términos generales. 

En este sentido, considera que, en ocasiones, los perfiles “radicales” a los que alude llegan a ser incluso “antisistema”, según calificó. Dentro de este cariz ideológico, según abundó el rector de la Universidad de Salamanca, hay una “influencia catalana”, pero también, según matizó después, “hay una influencia de sesgo republicano”, que, desde su punto de vista, “no tiene nada que ver con las necesidades de la universidades”.

Manuel Pérez Mateos, indicó que “las universidades, en general, estamos descontentas, entre otras cosas, porque se pierde una gran oportunidad para atajar de raíz los problemas importantes de nuestro sistema universitario”. “Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) hemos presentado diferentes alegaciones a esta ley orgánica y, desgraciadamente, muchas de ellas no han sido atendidas”, criticó. “Lo que espero es que, durante el desarrollo de esta ley, tengamos la oportunidad de mejorar las cuestiones que más nos preocupan”, dijo. 

Personal

Largo Cabrerizo puso de relieve que la reforma exige a las instituciones académicas “mucho trabajo” para adaptarse normativa y “organizativamente en relación a las categorías de Personal Docente Investigador”. “Nos exige mucho esfuerzo y a cambio ofrece pocas ventajas. La veo como una oportunidad perdida, porque no es la ley que queremos las universidades, al menos las públicas”, insistió.

El rector de la UVa criticó que la regulación tampoco ayuda a las universidades a “encauzar el problemas de las plantillas de profesorado y confunde temporalidad con precariedad”. “La norma pone el énfasis en los contratos indefinidos del profesorado asociado, pero sigue siendo profesorado precario. No veo yo que contemple avances en ese sentido”, remachó.

Ricardo Rivero apuntó también como aspectos más lesivos de la norma, “los condicionamientos en cuanto a las decisiones de la estructura de la plantilla, la introducción de cambios en el proceso de elección de los decanatos, que los van a hacer más complejos, la falta de incentivos a la excelencia docente e investigadora” y, como cuestión “muy importante” desde su punto de vista, “el poco énfasis en la empleabilidad de los estudiantes”.

Financiación

Antonio Largo asumió en relación a los presupuestos que “se contempla o así se plasma una posibilidad de mayor financiación, pero la transitoriedad de la ley en su contenido recoge su aplicación para este curso y el siguiente, pero se dilata más el compromiso” en esta materia “hasta bastante más adelante”. Así, denunció: “Yo entiendo que no hay compromiso real de financiación para los aspectos inmediatos que exige la aplicación de la norma, como las nuevas figuras de profesorado. Con la ley anterior, con un incremento de financiación, se hubiera avanzado más”.

Pérez Mateos destacó también la necesidad de financiación que la ley conlleva. “Inicialmente se planteaba de forma categórica que deberíamos alcanzar el uno por ciento del PIB, pero esa afirmación contundente se ha quedado ahora en una reflexión”, indicó, al tiempo que aseveró que “sin esa financiación será imposible cumplir lo que establece la Ley”. “Será sencillamente imposible”, concluyó.

Puntos positivos

El rector de la UVa reconoció un punto “positivo” en relación al “intento acercar la internacionalización y de aproximarse a Europa”. “Quizás sea uno de los pocos elemento positivos el que se ponga el énfasis en la necesidad de internacionalización. Sin embargo, nos gustaría tener herramientas para configurar universidades competitivas a nivel europeo. Para ello, hay que apostar por la excelencia, y no se hace; y ser rigurosos y serios en las figuras de profesorado, ésta es una de las incoherencias de la ley”, concluyó.

Su homólogo en la Usal reconoció algunos aspectos positivos en el nuevo texto. Por ejemplo, la regulación de evaluación del desempeño y la carrera horizontal del personal técnico y de gestión especializado de administración y servicios, que calificó como “un buen avance”, aunque matizó que esto ya se está haciendo en algunas universidades, como el caso de Salamanca.

Asimismo, ofreció su aprobación a que se mantenga la participación de los estudiantes y el modelo democrático de los órganos de gobierno. “Pero esos elementos, ya digo, que son parcialmente positivos, no compensan los daños que produce una reforma contraproducente en mi opinión”, concluyó.