ICAL - El procurador Fernando Pablos afirma que el panorama hoy es “desolador”, lamenta que “todo lo perdido no se va a recuperar” y pide al Gobierno autonómico que “aminore el daño” con convocatorias urgentes

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León denunció hoy el “auténtico maltrato” de la Junta de Castilla y León a la investigación científica de la Comunidad al transcurrir 27 meses desde la última convocatoria de programas para financiar proyectos de investigación en las universidades públicas del territorio y 20 desde la relativa a los últimos contratos predoctorales autonómicos convocados.

En una rueda de prensa celebrada en las Cortes de Castilla y León, el procurador socialista salmantino Fernando Pablos recordó que estas convocatorias, durante los dos últimos años, se han realizado con normalidad en la mayoría de comunidades del resto de España mientras que en Castilla y León las últimas datan del 5 de mayo de 2020, en relación a los proyectos de investigación, y del 21 de diciembre de 2020 con respecto a los últimos 90 contratos predoctorales convocados.

Se trata de una “situación sin precedentes” dado que ambos programas, que “apoyan la tarea diaria” de los investigadores de Castilla y León, especialmente de los más jóvenes, no han tenido convocatoria en 2021 “ni tampoco en 2022 a 4 de agosto”, si bien sobre los contratos predoctorales sí se emitió una Orden que modificaba las bases que los regulan el pasado 6 de julio.  

“Pero el tiempo necesario para resolverlo, aunque se convoquen ya, hace imposible que ninguno se ponga en marcha este año”, recordó Pablos, que acusó a la consejera del ramo, Rocío Lucas, de formular “excusas” al responder al respecto de los programas de apoyo a los proyectos de investigación que estaban “pendientes de cómo se formulaba la gestión de los fondos europeos”, ya que como esgrimió Pablos, “otras comunidades ya los han convocado y los proyectos de investigación necesitan una continuidad que no van a tener”.

De igual manera sucede con los contratos predoctorales, ya que los candidatos a estas ayudas son jóvenes que van a iniciar su tesis y, por el momento, “llevan dos cursos enteros sin contratos”, lo que supone “un perjuicio grande” para la universidad de Castilla y León cuando “uno de sus problemas es el envejecimiento”.

Y es que la aplicación de la retroactividad no sería posible en este caso, según explicó el procurador socialista, ya que aunque se saquen más contratos de los 90 prometidos, insuficientes a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, “durante un año y medio nadie se ha incorporado” a la carrera de investigación en sus estadios iniciales a través de un programa autonómico.

Es por ello por lo que Pablos denunció que “todo lo perdido va a ser imposible de recuperar”, dado que muchos investigadores que querían iniciar sus tesis en las universidades de Castilla y León han podido marcharse a otras comunidades que sí contaban con estos contratos, y solo se han podido quedar aquellos que acudieron a las convocatorias del Gobierno de España “a las que puede concurrir cualquiera y están en competencia con el resto de universidades del país”. Por ello, el procurador socialista pidió a la Junta que “aminore el daño” convocando “cuanto antes” no solo los contratos predoctorales autonómicos sino también los proyectos de investigación.

Incertidumbre con la Escalera de Excelencia

No obstante, durante su intervención, Pablos también apuntó que la denuncia socialista sobre el “maltrato” de la Junta a la investigación científica de la Comunidad “no solo afecta a estos contratos”, sino también a los programas de apoyo a los Grupos de Investigación Reconocidos, cuya última convocatoria data del 19 de noviembre de 2018 y se sigue sin “saber nada de la misma”, y a la Escalera de Excelencia, que recordó que el anterior consejero de Educación, Fernando Rey, estableció como “uno de los grandes proyectos a largo plazo” para la mejora de la investigación en Castilla y León.

Se trata de convocatorias específicas para los mejores grupos de investigación de la Comunidad, con financiación relevante para planes y programas estratégicos, cuya última convocatoria data del 2 de octubre de 2019, tras tres años seguidos de instauración de estas ayudas desde 2017.  

Sin embargo, este próximo mes de septiembre se acaba la financiación otorgada a dichos planes estratégicos de unidades como el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), y “nadie sabe qué va a pasar porque no hay ninguna convocatoria que permita volver a presentarse”, lo que supone incertidumbre porque con esa cuantía otorgada en el pasado “se han contratado personas y financiado proyectos” que ahora podrían desaparecer “si no se da continuidad”.

“Es sonrojante”, afirmó Pablos, dado que la Junta “vendió la Escalera de Excelencia como un gran programa de apoyo y ahora no solo no se convocan nuevas convocatorias sino que no se ha determinado cómo continuar apoyando” a los grupos de investigación que concurrieron y ganaron la convocatoria en su momento. Esto supone que “nuestros centros volverán a estar peor dotados y contarán con menos oportunidades que los de otras comunidades, donde sí hay convocatorias de financiación”, concluyó Pablos.

Es por todo ello que el procurador socialista exigió a la Junta que “finalice cuanto antes su maltrato” al ámbito investigador de la Comunidad con la convocatoria “inmediata” tanto de los programas de investigación como de los contratos predoctorales, así como con la recuperación de los programas de apoyo a los Grupos de Investigación Reconocidos y con la financiación de los proyectos incluidos en la Escalera de Excelencia para que “no finalicen de forma brusca”.

Estabilización de los jóvenes

Además del ámbito autonómico, también hizo referencia Pablos al nacional al mostrar su desaprobación a la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el apoyo de los grupos independentistas catalanes, de eliminar del proyecto de Ley de ciencia la estabilización de los jóvenes investigadores.

“Esto es un maltrato también para esos jóvenes que han dedicado mucho tiempo a la investigación y que consiguieron que en el borrador de la Ley se les diera estabilidad”, apuntó Pablos, recordando que dicho borrador fue aprobado en el Congreso de los Diputados pero que ahora, con la propuesta de PP e independentistas en el Senado, “se ha dado marcha atrás” a dicha estabilización.