Viernes, 29 de Noviembre de 2024
Lucas destaca la colaboración de las entidades locales para contar con un sistema educativo de referencia y equitativo
La consejera de Educación, Rocío Lucas, aprovechó hoy la constitución de la Comisión de Trabajo del ramo de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para destacar la colaboración de las entidades locales de la Comunidad, tanto ayuntamientos como diputaciones, para contar con un sistema educativo de referencia, a nivel nacional e internacional, y equitativo, que goza de una “buena salud”.
En su intervención hizo una radiografía de todas las etapas y los programas que desarrolla la Consejería para llevar la educación al “último rincón de la Comunidad”, ya que aseguró que el objetivo de la Junta es que todos los niños, con independencia de donde residan, tengan la misma calidad, los mismos servicios y las mismas prestaciones. En este sentido, citó la apuesta por los colegios rurales, que cuentan con tres o cuatro niños, y los 177 centros rurales agrupados (CRA), que son uno de cada cuatro de los existentes en el país.
También, mencionó los programas complementarios que acompañan al ámbito curricular como los planes de lectura y matemáticas así como el de éxito educativo que permite que el refuerzo de conocimientos y capacidades para que el alumno logre la titulación.
Lucas subrayó, según recogió la Agencia Ical, que los servicios complementarios como el transporte son “vitales” en una comunidad como Castilla y León, que no solo benefician a los estudiantes de la enseñanza obligatoria. Señaló que hay 2.160 rutas de transporte escolar, que permiten que la mitad de los alumnos tenga este tipo de servicio frente al 31 por ciento de la media nacional. En concreto, los autobuses trasladan cada día a más de 36.400 alumnos a sus centros, que supone un desembolso de cerca de 55 millones de euros. Además, existen casi 550 comedores escolares, con 51.000 comensales, gracias a un presupuesto que ronda los 25 millones de euros y programas clave para la conciliación, como Madrugadores o Tardes en el cole, de los que se benefician cerca de 14.000 estudiantes y sus familias.
Durante su comparecencia, la consejera de Educación puso de manifiesto el el papel que han desempeñado las entidades locales en el “hito” en la Comunidad, que ha supuesto ser “pioneros” en la universalización y la gratuidad de la educación en la etapa 0-3 años. No en vano, hay 175 escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal, de las 632 totales que han permitido escolarizar a 22.000 niños.
Lucas también mencionó sus actuaciones, dentro del ejercicio de sus competencias, en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras educativas. Citó la subvención directa de 1,9 millones de euros a las diputaciones destinada específicamente a financiar obras en estos centros durante los años 2024 y 2025 por parte de la Consejería de Educación.
Recordó algunas de las grandes obras emprendidas en nuevas infraestructuras. Como, por ejemplo, las del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Isabel de Basilea’ en Burgos, las de la Escuela de Arte de Valladolid, las del polideportivo del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Ávila, las de ‘Pico Frentes’ y ‘La Merced’ en Soria, los conservatorios de Zamora y León, etc. En las obras de reforma, mejora y sustitución (RMS), solo la inversión en los dos últimos años, 2023 y 2024, ha superado los 40 millones de euros, que han servido para financiar nada menos que 755 obras en los centros de la Comunidad.
Añadió que la Junta cuenta con 1.300 centros educativos, lo que requiere una “constante” comunicación con los ayuntamientos, que son titulares de los edificios de los colegios para prestar el servicio educativo.
La consejera recalcó las fuertes inversiones que lleva a cabo la Junta de Castilla y León “y ello a pesar de contar con una financiación totalmente insuficiente por parte del Estado. Agravada por varias de las leyes impulsadas por el Gobierno de España que, lejos de solucionar los problemas, en no pocas ocasiones, han servido para agravarlos, crear otros nuevos y generar más burocracia”.
Pese a ello, manifestó que la Junta ha aportado el 40 por ciento de los currículos estatales para mejorar la calidad del sistema educativo. “Un currículo determina qué contenido curricular exige e impacta en esa materia”, precisó.
FP, itinerario de éxito
Uno de los itinerarios educativos que más ha cambiado y mejorado en los últimos años, la Formación Profesional, cuenta con una demanda que no deja de crecer. “Hemos diversificado y ampliado casi exponencialmente la oferta, con la implantación y el refuerzo tanto de nuevos ciclos formativos como de los ya existentes. En los últimos cuatro años la oferta ha crecido en 178 ciclos nuevos, en este curso 2024-2025 alcanzamos una cifra histórica nunca vista, con 51 nuevos ciclos, a los que se suman 44 cursos de especialización”, desgranó Lucas. Un atractivo que ha supuesto contar con 47.000 alumnos en la FP, que se traduce en una mayor retención de los jóvenes y una mayor capacidad para que el sector productivo tenga personal preparado y cualificado.
La titular de Educación consideró que el sistema funciona “a pesar de los efectos negativos de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, impulsada por el Gobierno de España, que solo ha servido para generar mucha burocracia, perjudicar al mundo rural y, en especial, a territorios como Castilla y León, con un tejido empresarial disperso y atomizado”.
Atracción de talento universitario
El sistema universitario es otro factor de competitividad y de futuro para la Comunidad, con unas universidades que resultan muy atractivas como demuestran las estadísticas, situando a Castilla y León como la segunda comunidad, en términos porcentuales, con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado.
“El esfuerzo realizado durante los últimos años para bajar el precio medio de las primeras matrículas de los grados y másteres universitarios han influido en ello. Desde que iniciamos la política de reducción de costes, en 2018, el precio de una matrícula de un curso de grado es de media un 40 por ciento inferior y hoy estamos entre las comunidades con los precios públicos más bajos de España. También se ha reforzado el sistema de becas autonómico”, puso de relevancia Lucas.
Finalmente, en el ámbito de la investigación, desde 2019, se han financiado casi un millar de contratos de investigadores predoctorales, técnicos de apoyo y personal investigador doctor. A lo que se suma el nuevo Plan TCUE o el Portal de la Ciencia que está llamado a convertirse en el gran foro de intercambio, colaboración y conocimiento avanzado de Castilla y León.
La comisión de Educación es una de las diez mesas de trabajo aprobadas por la Comisión Ejecutiva el pasado mes de julio y está presidida por Beatriz Asensio Boyano, alcaldesa de Benavente (Zamora); Rosalía Serrano Velasco, concejala del Ayuntamiento de Segovia como secretara y Juan Ignacio Sánchez Trujillano, alcalde de Mingorría (Ávila); María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa (Salamanca); Enrique Rubio Romero, alcalde de Berlanga de Duero (Soria); Alberto Sanz Sánchez, alcalde de Valdestillas (Valladolid); Ana Isabel Angulo Estefanía, alcaldesa de Zael (Burgos); Beatriz Rojo Gama, teniente de alcalde de Trescasas (Segovia); Andrés González Carnicero, alcalde de Fuentes de Ropel (Zamora); Ignacio Robles García, alcalde de La Ercina (León); Laura Gallego Gaspar, concejala del Ayuntamiento de La Bañeza (León); Carlos López Vázquez, concejal del Ayuntamiento de Ávila; Ana María Fernández Caurel, alcaldesa de San Andrés del Rabanedo (León) y Pablo Novo Espiñeira, concejal del Ayuntamiento de Zamora como vocales.
El vicepresidente tercero de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, José María Bravo, agradeció la disponibilidad de la consejera para comparecer en la comisión en un tema “principal” como es la educación. Valoró que las políticas de la Junta han permitido mantener abiertos los colegios rurales y los CRA. “Es una labor de todos y algo con lo que tenemos que continuar”, aseveró.
Bravo subrayó que servicios como la sanidad y la educación deben ser de “primera calidad” en todo el territorio, para lo que la administración autonómica contara con la colaboración y el apoyo de los ayuntamientos.