El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo real decreto para regular la Inspección Educativa con el que persigue reforzar las funciones de asesoramiento de los inspectores y su independencia.

Así lo indicó el departamento que dirige Milagros Tolón en un comunicado, en el que también informó de que este nuevo texto deroga el Real Decreto 2193/1995. El objetivo de este cambio normativo es regular aspectos relacionados con la evaluación de la Inspección Educativa y también el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Del mismo modo, explicó Educación, el texto se refiere también a la formación y cualificación profesional de los inspectores.

"Como novedades, se refuerzan las funciones de asesoramiento y orientación a equipos directivos y a los distintos componentes de la comunidad educativa. Asimismo, se destacan los principios de transparencia en sus actuaciones y procedimientos, así como la independencia de criterio técnico y la defensa de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el interés común, muy especialmente el interés superior del menor", destacaron.

El real decreto indica que el acceso al Cuerpo de la Inspección Educativa se regirá por un proceso de concurso oposición que constará de tres pruebas: un cuestionario de preguntas de desarrollo breve; otra que consiste en una prueba práctica sobre técnicas y competencias necesarias para la actuación de la inspección, y otra prueba en la que se pedirá a los aspirantes la exposición oral de un tema.

Para la realización de estas modificaciones, el Ministerio afirmó que ha mantenido un diálogo con "las principales organizaciones sindicales y asociaciones que representan a los inspectores, así como con representantes de las comunidades autónoma. Así, la ministra Tolón mantuvo un encuentro la semana pasada con representantes de la Federación de Asociaciones de Inspectores de Educación (ADIDE) y de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE).

Novedades

Además de la regulación del acceso a la Inspección, el nuevo texto viene a acabar con la "dispersión normativa que existía actualmente", indicaron desde Educación, recogiendo así en una única norma todo lo relativo al funcionamiento de la inspección educativa. El texto también recoge los recursos técnicos para realizar el trabajo con los que debe contar la Inspección, así como la prestación de servicios a distancia y la evaluación de la función inspectora.

Del mismo modo, se regula el reconocimiento de las especiales atribuciones y responsabilidades que comporta el ejercicio de la función inspectora educativa y de la naturaleza docente del Cuerpo de Inspectores de Educación, de modo que esas “peculiaridades” y “superiores exigencias”, explicaron, “comportará el debido reconocimiento por parte de las administraciones educativas de las que depende y la percepción de los complementos retributivos acordes a dicha consideración”.

El texto también permite a las Administraciones educativas "configurar modelos organizativos y funcionales y adaptar ciertos contenidos de esta regulación a sus peculiaridades organizativas, en consonancia con el artículo 154 de la LOE, que establece precisamente esta capacidad autonómica para configurar la inspección educativa del modo que considere", detalló el Ministerio.