La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió hoy a los rectores de las universidades públicas de Castilla y León, que no sean "cómplices" de la estrategia dilatoria de la Consejería de Educación, en el pago de los complementos salariales a unos 500 profesores PDI laboral.

 

En un comunicado, CSIF denunció un nuevo retraso en la solución de esta demanda, ya que no se ha convocado a la Comisión Paritaria, a la espera de que la Junta responda a la propuesta económica que las universidades le hicieron a comienzos del pasado mes de enero.

 

Asimismo, recordó que las universidades públicas de la Comunidad se comprometieron a convocar, ante la petición de los sindicatos, una reunión de la Comisión Paritaria del II Convenio Colectivo del PDI Laboral en la segunda quincena de enero, para tratar que el cobro de la totalidad de los complementos retributivos, por méritos docentes (quinquenios) y de productividad por actividad investigadora (sexenios), y solicita que se haga a la mayor brevedad. 

 

En este sentido, CSIF planteará “cuantas iniciativas resulten necesarias para cumplir las condiciones, innecesarias a nuestro entender, que ha solicitado la Consejería de Educación, con el fin de lograr alcanzar un acuerdo que permita ese pago”. “La justificación de las universidades nos parece poco adecuada, y juega a favor de la estrategia de la Consejería de dejar transcurrir el tiempo”, aseguró.

 

CSIF consideró las condiciones de la Junta para que se puedan cobrar los complementos como superfluas, porque traslada parte de la solución a la posibilidad de alcanzar acuerdos en el seno de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del PDI Laboral, cuyas negociaciones están rotas desde el mes de abril, en parte, por la propia Junta.

 

Este sindicato independiente manifestó que no sería necesaria ninguna actuación a nivel de negociación colectiva, pues bastaría con una reforma del Decreto 67/2013 y del Decreto 132/2002, para que la disposición transitoria cuarta del II Convenio Colectivo deje de producir efectos jurídicos, al resultar de aplicación lo reconocido en la norma reglamentaria de rango jerárquico superior.

 

El responsable de universidad y vicepresidente del sector de Educación en CSIF Castilla y León, Roberto Fernández, lamentó que se vuelvan "a encontrar con buenas palabras y falta de hechos”, que permitan alcanzar una pronta solución al problema del pago de los complementos, “que ya se arrastra desde hace demasiado tiempo y que, además, supone un agravio comparativo con el PDI laboral de otras comunidades autónomas, pues es necesario recordar que Castilla y León es la única que no abona el 100 por 100 de todos los quinquenios y sexenios reconocidos a este personal”.

 

Según datos facilitados por las propias universidades y la Consejería de Educación, el coste de asumir estos complementos es de seis millones y medio de euros, lo que supone un incremento del presupuesto de las universidades de tan solo un 1,80 por ciento. “Entendemos que es un coste asumible por parte de la Junta, que pone fin a una injusticia histórica con este colectivo de profesores”, afirmó.

 

CSIF reclamó a los rectores de las universidades públicas de Castilla y León que no sean "cómplices" de la estrategia de la Consejería de Educación, “que solamente está poniendo excusas para retrasar la ejecución del compromiso alcanzado en la contestación al Procurador del Común para abonar los complementos”. “Es hora de pasar de las palabras a los hechos, y tomar todas las acciones necesarias para que, universidades y agentes sociales, tengamos una sola voz ante la Junta de Castilla y León en este tema”, avisó.

 

Confiando, “una vez más, en la buena voluntad de los equipos rectorales”, CSIF ofreció un plazo “ya improrrogable” del mes de febrero, para que se convoque el órgano negociador que Administración autonómica y universidades consideren oportuno, a fin de dar una solución consensuada a este tema. De no ser así, “consultaremos al personal afectado y tomaremos cuantas iniciativas resulten necesarias, para poner fin a este trato discriminatorio con el PDI laboral fijo de las universidades públicas de Castilla y León”, advirtió.