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Viernes, 24 de Julio de 2026

CSIF cree que Suárez-Quiñones no ha despejado las dudas sobre su programa y reclama "diálogo y acuerdos"

ICAL - El sindicato expresa su preocupación por la "infrafinanciación" de las universidades públicas y la mejora de las condiciones laborales del personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advirtió hoy de que el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no ha despejado las dudas sobre el peso que la universidad va a tener en su departamento y le reclamó “diálogo y acuerdos" sobre cuestiones como la "infrafinanciación" de las instituciones públicas y la mejora de las condiciones laborales del personal. 

“Es altamente alarmante que no haya hecho ni una sola mención al personal (Personal Docente e Investigador y Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios) de las universidades públicas de Castilla y León, en su reciente comparecencia en las Cortes sobre sus líneas programáticas”, trasladó en un comunicado recogido por Ical. 

Asimismo, CSIF trasladó que es “inquietante” que su única referencia es “acercar la universidad al tejido empresarial, en una especie de privatización del modelo público, cuando hay que resolver los serios problemas de financiación y de dignificación del personal universitario”.

El sindicato trasladó que el sistema universitario de Castilla y León afronta una nueva etapa hasta el momento desconocida al asignarse Universidades a una nueva Consejería diferente a Educación. A su juicio, esta nueva etapa requiere alcanzar un “consenso” educativo que dote al sistema universitario de la estabilidad que precisa. Además, consideró que el cambio debe servir para avanzar hacia una “verdadera transformación” que ponga en valor la importancia que las universidades públicas tienen en la Comunidad.

Sin embargo, la comparecencia de Suárez-Quiñones “ha traído más nubarrones que certezas” para CSIF, pues a su juicio el Gobierno de Castilla y León está más preocupado por formar trabajadores para el mercado laboral que por fortalecer el sistema público universitario, y ofrecer una enseñanza de “calidad” a los ciudadanos. 

Asimismo, insistió en que las universidades, por supuesto, deben orientar sus titulaciones al mercado laboral, ya que no pueden vivir “ajenas” a esa realidad, pero tampoco debe olvidarse del papel social de la universidad como “ascensor social”. Por ello, pidió a Suárez-Quiñones que abra un espacio de diálogo con los interlocutores de la universidad para poner en valor al personal docente e investigador (PDI) y al técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS).

De esta forma, recriminó al consejera que en su comparecencia en las Cortes no se refiriera a ellos, lo que consideró supone ningunear a quienes con su “esfuerzo, sacrificio, trabajo, profesionalidad y buen hacer” consiguen que las universidades públicas de Castilla y León ofrezcan titulaciones de una "calidad excelente”.

Entre otros asuntos, urgió abordar una financiación plurianual para las universidades públicas que les permita realizar una planificación adecuada de inversiones para infraestructuras. Si el consejero quiere apostar por retener el talento, CSIF consideró que debe aumentar los recursos económicos de las universidades públicas y pagar unos salarios dignos y suficientes a las plantillas. 

“No hay mejor forma de retener el talento que con unas condiciones laborales y retributivas dignas. Por eso, es necesario que la Junta aumente en 50 millones de euros anuales el presupuesto de las universidades los años 2026, 2027 y 2028, para alcanzar el objetivo del uno por ciento del PIB de Castilla y León como base mínima para construir un sistema universitario público robusto y viable”, agregó.

Entre las peticiones, CSIF incluyó un plan de rejuvenecimiento de plantillas que permita amplias promociones; el impulso de los convenios colectivos del PDI Laboral y del PTGAS Laboral para tratar de equiparar sus retribuciones a la media nacional; el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario mediante la modificación y actualización de los decretos autonómicos sobre profesorado y sobre retribuciones; la homogeneización de la carrera horizontal del PTGAS a la existente en la Junta; la autorización del pago del premio de jubilación del PTGAS funcionario; o permitir la estabilización de los Profesores Ayudantes del Programa María Goyri sin tener que esperar a la finalización de sus contratos.