La Consejería de Educación informó hoy al Consejo de Gobierno de la contratación, por valor de 900.000 euros, de pruebas diagnósticas de infección activa (test rápido de detección de antígenos), destinados al alumnado y al personal docente o de administración y servicios que hayan sido contacto estrecho de un caso positivo en SARS-Cov-2.

En 2020 el departamento que dirige Rocío Lucas suscribió contratos de emergencia para la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) al alumnado y al personal docente o de administración y servicios determinados como contacto estrecho de un caso positivo en SARS-Cov-2 detectado en el centro educativo. Los contratos se firmaron con la empresa Cualtis para las provincias de Valladolid, Palencia, Salamanca, León y Zamora y con Quirón Prevención para las de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

El plazo de ejecución se alargaba hasta el 30 de junio de 2021 y posteriormente se inició la tramitación ordinaria mediante procedimiento abierto de un nuevo contrato con el mismo objeto, igualmente dividido en dos lotes. La duración del contrato está prevista hasta el 30 de junio de 2022. Hasta que dicho contrato se pueda formalizar, la Consejería de Educación ha tramitado otro de emergencia, por valor de 900.000 euros, para contar con este mecanismo de detección desde los primeros días de curso.

El plazo de ejecución establecido es desde el 10 de septiembre de 2021 hasta el 23 de diciembre de 2021, condicionado, en todo caso, al comienzo de la ejecución del contrato actualmente en licitación. Así, se incluye a los centros públicos y privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias y, respecto a los centros públicos que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, las escuelas infantiles cuya titularidad la ostenta la Junta de Castilla y León.

El coste del servicio contratado implica la recogida de la muestra, que se realizará con carácter preferente en el centro educativo en el ámbito rural. En las capitales de provincia y en Ponferrada, el contratista deberá disponer de unas dependencias sanitarias en las que se pueda realizar la recogida de muestras. La recogida de misma y la comunicación del resultado deberá realizarse en un plazo máximo estimado de 36 y 24 horas respectivamente, desde que la Administración comunique la necesidad de que se preste el servicio y se realice la recogida, no considerándose en dicho plazo los sábados, domingos y festivos. 

Las empresas adjudicatarias deberán contar con recursos sanitarios (personal médico o de enfermería), técnicos y de infraestructura que garanticen la disponibilidad para realizar las prestaciones objeto del contrato.