ICAL - El sindicato exige al nuevo consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el cumplimiento de la LOSU, que fija como objetivo alcanzar una financiación pública equivalente al 1% del PIB antes de 2030

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León reclamó al nuevo consejero de Industria, Empleo, Universidades y Comercio, Juan Carlos Suárez Quiñones, un “compromiso firme” con las universidades públicas de la Comunidad y el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija como objetivo alcanzar una financiación pública equivalente al uno por ciento del PIB antes de 2030.

En un comunicado recogido por Ical, el sindicato mostró su "rechazo" a que las competencias universitarias hayan quedado integradas en una “consejería de perfil económico”, al asegurar esta decisión transmite una “visión reducida de la universidad, centrada en su utilidad para el mercado laboral, y deja en un segundo plano su función educativa, científica y social”, añadieron.

Para CCOO, las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León y Burgos son instituciones “esenciales” para la “formación, la investigación, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial” de Castilla y León, especialmente en una autonomía marcada por la “despoblación y los desequilibrios demográficos”. Por ello, consideraron que la gestión universitaria “debería volver a depender de la Consejería de Educación”.

La organización sindical alertó también de la “insuficiente financiación” que reciben las universidades públicas, de ahí que haya recordado que la LOSU “obliga a las administraciones a garantizar recursos suficientes”. Es por ello, que señalaron que la inversión autonómica “se mantiene por debajo del objetivo legal del uno por ciento del PIB”, lo que “dificulta mejorar las condiciones laborales del personal universitario, ampliar la oferta pública de plazas y reforzar la calidad del sistema”.

Por ello, CCOO exigió la convocatoria “inmediata” de la Mesa Sectorial de Universidades para abordar la financiación del sistema universitario público y reclamó un plan plurianual que permita alcanzar el uno por ciento del PIB antes de 2030. Asimismo, pidió una “financiación estable y previsible” para cubrir las “necesidades de personal, garantizar la compensación de la reducción de tasas universitarias y desbloquear las negociaciones salariales y laborales del personal docente, investigador, técnico y de administración y servicios”, desgranaron.

El sindicato también reclamó que los recursos públicos se destinen “prioritariamente al fortalecimiento” de las universidades públicas y advirtieron de que la “falta de inversión” puede “favorecer” el crecimiento de la oferta privada en “detrimento del sistema público”.