La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, avisó a algunos responsables del Gobierno autonómico que tiene la obligación de acatar la LOE, Ley Orgánica 3/2020, referida a calificaciones en materia educativa no numéricas y a los currículos de algunas asignaturas como Historia y Filosofía, y agregó que debe cumplir los reales decretos sobre evaluación y promoción, ya que ordenan las enseñanzas mínimas en Primaria y ESO porque tienen carácter básico y se dictan al amparo de la Constitución.

Asimismo, subrayó que la Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia y, si no se cumplen los aspectos básicos del currículo, recalcó, para garantizar que se recurrirá la norma de la Junta de Castilla y León que los incumpla. “Como es lógico en un Estado de Derecho”, destacó.

“Creo firmemente que es necesaria la cooperación entre las administraciones educativas de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para desarrollar competencias tan importantes como la Educación. El Gobierno de España siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar”, indicó.

Asimismo resaltó que la propuesta regulada sobre la evaluación va en consonancia con las políticas educativas de la Unión Europea, sobre todo, en el tema de las competencias clave, el informe Pisa y las propuestas de la Unesco.

“El concepto de evaluación global continuado y formativa en la enseñanza obligatoria no es nuevo. Con respecto al currículo y las enseñanzas mínimas me da la sensación de que se podría estar utilizando para marcar terrenos políticos e ideológicos y eso no nos compete”, incidió para matizar que el Ministerio se limita a publicar la norma que sirve de marco al currículo y después son las comunidades autónomas las que pueden desarrollarlo hasta un 40 por ciento.  “No quiero que necesariamente tengan que añadir un 40 por ciento de contenido. Pueden especificar o hacer énfasis en algunas de las cosas que se señalan como enseñanzas mínimas”.  

Asimismo, defendió que se deje a potestad del profesorado la decisión de si el alumno si pasa de curso, ya que es el que más conoce al alumno. “En España estamos a la cabeza en abandono escolar de Europa y este es el objetivo último del Gobierno”.  

Barcones resaltó igualmente que “se habla torticeramente de la cultura del esfuerzo y de que se pretende regalar aprobados. Nada más lejos de la realidad. Lo que se pretende es dejar la decisión de si se debe pasar de curso o no a los docentes, que son quienes más saben”.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, recordó hoy en Soria que el plazo de presentación de solicitudes para las becas del curso 2022-2023 termina el próximo jueves, 12 de mayo. Este año, la convocatoria se adelantó cuatro meses con el objetivo de que los alumnos sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas, según la subdelegada, cuando habitualmente el periodo de solicitud de becas se abría en pleno verano”.

Los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo en el plazo indicado, hasta el 12 de mayo, aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación. En un primer momento, se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante.

En Castilla y León, desde que se inició el plazo de solicitud el 30 de marzo, se solicitaron 52.000 solicitudes, del total de España que alcanzan las 985.000. Las solicitudes de becas no universitarias de estudiantes sorianos son ya de 723. El año pasado se presentaron 33.000 solicitudes de becas universitarias y 30.000 de becas no universitarias en Castilla y León.

Para la delegada del Gobierno, las becas y ayudas al estudio son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias del Gobierno.

Asimismo, añadió en los últimos cinco años, el presupuesto destinado a ellas ha aumentado un 45 por ciento. En concreto,  de 1.472 millones en 2017-2018 a 2.134 millones en 2022-2023.

“El Gobierno asumió en 2018 un compromiso firme con la dimensión social de la educación y con el impulso de una política de becas que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades”, argumentó.  

La delegada ha señalado como novedad que “a convocatoria para el próximo curso en estudios universitarios incluye la reducción de la calificación requerida para la obtención de una beca para cursar másteres no habilitantes. “Bastará una nota media de cinco puntos para la obtención de dicha beca en lugar de siete puntos”, puntualizó.  

Reforma de Becas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades anunciaron su propósito de reformar en profundidad el sistema de becas y ayudas al estudio para conseguir los objetivos de este Gobierno.

Así, en los últimos años se han introducido cambios sustanciales como la modificación de los requisitos académicos para que la nota de acceso a estas ayudas sea un aprobado. También se elevó el umbral uno de la renta hasta prácticamente equipararlo con el de la pobreza y se incrementaron las cuantías fijas en 100 euros y la de la beca básica de FP Básica en 50 euros.

Junto a estas reformas, que han permitido no solo aumentar el número de estudiantes que reciben una beca sino también las cuantías de las mismas, se han ampliado los colectivos con derecho a las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que ahora son cinco: discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (incluido en la convocatoria 2020-2021) y trastorno grave de la comunicación y del lenguaje (incluido en 2021-2022).

Barcones indicó que los más de 2.100 millones de euros presupuestados este año para becas servirá, como ya ocurriera -incluso en mayor medida- el curso pasado, para cubrir la entrada de nuevos becarios con motivo de la caída de las rentas derivada de la pandemia. “Según nuestras estimaciones, estas ayudas llegarán en España a 200.000 estudiantes más que hace cuatro años. Estamos hablando de alrededor de 980.000”, aseguró.

Los datos provisionales del curso escolar en el que nos encontramos, el 2021-2022 indican que los alumnos no universitarios que recibieron beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Castilla y León superaron los 20.000. En Soria fueron casi 600. El importe recibido es de 33,5 millones de euros en el total de la comunidad autónoma y por encima de un millón de euros en Soria.

A estos, hay que sumar otros 3.400 becarios con necesidad específica de apoyo educativo que tienen asignados otros cuatro millones de euros en Castilla y León. En este caso, son 112 alumnos de Soria que cuentan con un apoyo de 88.000 euros.

En cuanto a los niveles universitarios hay 20.332 becarios en las universidades de Castilla y León de los cuales 6.112 son de la Universidad de Valladolid que cuenta con campus en Soria. En este caso, no se pueden aportar todavía datos relacionados con el importe de la convocatoria de becas de carácter general de los niveles universitarios ya que, a día de hoy, no se dispone de los importes de las becas de matrícula que serán compensadas a las universidades. Una vez cerradas sus bases de datos, las universidades comunicarán estos datos.

En el curso 2020-2021, un total de 21.272 becarios universitarios de Castilla y León recibieron 68 millones de euros y 19.947 estudiantes no universitarios recibieron 30,6 millones en becas.

Barcones presentó hoy la convocatoria de becas junto al responsable de la Alta Inspección de Educación, Santiago Esteban, quien detalló el Plan Estratégico para la Formación Profesional que está apoyada por su propia Ley para aumentar los grados y las plazas, será dual y contará con prácticas en cada una de las enseñanzas.