Javier A. Muñiz - El mercado del alquiler, cada vez más tensionado y con los precios disparados, abre la puerta en la estudiantil Salamanca a la proliferación de residencias universitarias privadas, con los colegios mayores como alternativa socioeducativa

Si bien es cierto que ‘quod natura non dat, Salmantica non praestat’, la capital tormesina sigue siendo la ciudad universitaria por excelencia en Castilla y León. Una de las preferidas, de hecho, en toda España, con birrete y patrimonio por distingo en plena meseta. Así como, al norte, la bucólica Santiago de Compostela y como, al sur, la bella Granada. Entre intricado detalle plateresco bucean cada curso, para hallar la rana y asegurarse el ‘cinco’, unos 35.000 estudiantes, la mayoría en la pública Usal, ocho veces centenaria, pero también, en menor medida, en la privada Pontificia, referente en la educación superior católica.

Lo cierto es que configuran una notable población flotante que, en efecto, fluctúa durante los meses lectivos sobre una ciudad de poco más de 146.000 habitantes. Y, como es preceptivo, requieren soluciones habitacionales. De golpe aterrizan en un mercado del alquiler cada vez más tensionado, con alta demanda y precios al alza. Según datos del popular portal Fotocasa, los alquileres en Salamanca capital se sitúan en torno a los once euros por metro cuadrado al mes. Esto posiciona a la ciudad como una de las capitales más caras de Castilla y León para alquilar, con un coste medio mensual que oscila entre los 830 y los 860 euros por una vivienda completa.

La alternativa dominante histórica es el alquiler compartido. Pero el coste medio de una habitación en la capital tormesina se sitúa en torno a los 300 euros al mes. Sin suministros ni manutención. De este modo, comienza a estar discutido que resulte la opción más económica frente a otras alternativas, habida cuenta, también, del incremento de otros costes, como la propia energía y la cesta de la compra. Obedeciendo a un principio de economía clásica, el precio se dispara porque la oferta cae. Un fenómeno acentuado en los últimos meses, pero que responde a los retoques de la Ley de Vivienda de 2023.

En este sentido, en Salamanca se da un cambio de paradigma. El perfil de estudiante como arrendatario era, a menudo, alguien de quien huir para el propietario medio. Molestias vecinales, posibles desperfectos, escasa limpieza y otros prejuicios, asociados a la edad, que desaconsejaban, presuntamente, dejar los pisos en sus manos. Sin embargo, a día de hoy, la solvencia de los padres es una garantía económica frente a otros perfiles, como familias que, en un momento dado, y para su propia desgracia, pueden declararse vulnerables e incurrir en impagos. Lo cierto es que los dueños de los pisos ahora buscan estudiantes. He ahí la paradoja.

Oferta de residencias

Al miedo a los impagos, se une un nuevo modelo de explotación que, si bien en menor medida, también está desviando oferta del mercado del alquiler tradicional, como es el apartamento turístico, con sus propias contiendas judiciales y reguladoras. Ejemplo real en una inmobiliaria salmantina que, prefiriendo no identificarse, atiende a Ical y ofrece una vista panorámica del mercado a lo largo de las últimas tres décadas. Barrio de San Bernando, equidistante “entre el campus y la zona de las copas”, cinco dormitorios con dos baños, servicios centrales, 2.200 euros mensuales este curso, cuando hace tan solo cuatro se alquiló por 1.400 euros.

Ante esta fiebre inflacionaria, las familias ven con ojos diferentes huir del piso compartido. Al fin y al cabo, mediante un desembolso similar, con ahorro neto, incluso, haciendo una cuenta de trazo más fino, las residencias universitarias representan una alternativa. No en vano, a la economía pura y dura se añaden factores que, en un momento dado, pueden aportar valor, como una mayor vigilancia, servicios comunes, como piscina o gimnasio en algunos casos, y una dimensión social nada desdeñable, especialmente, en los primeros años de estancia en una nueva ciudad.

Los inversores, que a menudo van dos pasos por delante, identificaron un nicho de expansión a tener en cuenta y se pusieron manos a la obra. Y nunca mejor dicho, porque durante los últimos años se han construido varias residencias universitarias en el término municipal de la capital tormesina hasta incrementar la oferta en unas 1.600 nuevas plazas. De hecho, según datos del ‘Informe PBSA 2026’, un estudio de mercado publicado por Atlas Real Estate Analytics, Salamanca es ya la quinta ciudad de España con más plazas de residencias universitarias, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Granada, con casi 6.000 disponibles para este curso.

De este modo, en función de la demanda, habría plazas residenciales para casi un tercio de los estudiantes que llegan a la ciudad. Según el informe, existen casi 19.000 universitarios desplazados en Salamanca. En esta clasificación, es el séptimo municipio de España en el que más demanda existe, con las mismas ciudades por delante, a las que, en este caso, se añaden Sevilla y Málaga. La ratio, por tanto, es de 3,25 estudiantes desplazados por cada cama disponible, lo que arroja una tasa de cobertura del 30,7 por ciento frente a una media nacional de 5,5 y una tasa del 18,2 por ciento. 

La alternativa socioeducativa

Sin embargo, frente a soluciones habitacionales para estudiantes que responden únicamente a la rentabilidad, como los pisos compartidos y las residencias universitarias, existe una alternativa socioeducativa que, en cuanto a desarrollo personal, ofrece a los jóvenes “algo más”: los colegios mayores. Este modelo, que hunde su raíces en el siglo XV, nació para ayudar a las capas más bajas de la sociedad y ofrecer refugio a estudiantes que “si bien no tenían recursos para acceder a la educación superior, sí tenían capacidades intelectuales para poder rendir”.

Así lo explica a Ical el director del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, Javier Mérida, quien defiende, como alternativa habitacional en ciudades estudiantiles como Salamanca, la construcción de nuevos colegios mayores. Por estatutos, tienen prohibido el ánimo de lucro y, por ende, albergan la obligación de reinvertir los beneficios en el “proyecto educativo”, es decir, en mejoras de las instalaciones y los servicios para sus colegiales. Los alumnos, por cierto, están inmersos en los órganos directivos de la comunidad y toman parte en sus decisiones.

No en vano, los colegios mayores no pertenecen a fondos de inversión ni a propietarios privados, si no a las propias universidades. El Guadalupe, único de la Pontificia, con una capacidad para 150 alumnos, tuvo más de 300 solicitudes para 80 vacantes, teniendo en cuenta que los otros 70 son renovadores. Condición, por cierto, la de permanecer en el colegio, que requiere superar, al menos, el 70 por ciento de los créditos matriculados en el curso. “Nosotros vamos más allá de ofrecer una vivienda. Es importante que estudien, pero también que forman parte de una comunidad y desarrollen otras competencias, a través del deporte, la cultura, el debate, el teatro, la lectura…”, resume.

La Universidad de Salamanca, por su parte, actualmente cuenta con tres colegios mayores: Fray Luis, Oviedo y San Bartolomé, que juntos suman un total de 552 plazas, todas ocupadas. Ante semejante demanda, y teniendo en cuenta el valor añadido de los colegios mayores, las universidades de nueva creación están obligadas a ofertar plazas para un diez por ciento del total de su estudiantado. Javier Mérida, como miembro de la Consejo Nacional de Colegios Mayores, insta a la promoción de nuevos colegios mediante paquetes de ayudas públicas porque, según matiza, “no se trata de un proyecto empresarial, sino de un proyecto educativo”.