ICAL - El sindicato remite a María del Valle Ares una serie de medidas para “acabar con la degradación progresiva de las condiciones laborales del profesorado”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su preocupación por los cambios en la Consejería de Educación, y ha reclamado a la nueva consejera, María del Valle Ares González, una batería de medidas “que permitan acabar con la degradación progresiva de las condiciones laborales del profesorado y el empeoramiento del clima de convivencia en los centros educativos”. Asimismo, el sindicato confía que Ares González continuará la negociación “que estamos manteniendo en estos momentos, sin frenar ni dilatar las mejoras reivindicadas”, y demanda “compromiso y presupuesto real para que sean una realidad”.

Según un comunicado del sindicato recogido por Ical, los datos expuestos en el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León reflejan una realidad incontestable: las aulas están cada vez más tensionadas. Las incidencias globales en la Comunidad alcanzaron las 15.862 en el curso 2025-2026 frente a las 14.582 del ejercicio 2023-2024, con un crecimiento especialmente grave de los conflictos y agresiones en las relaciones entre alumnado y profesorado, que se dispararon hasta los 9.320 casos.

Además, denuncia que la temporalidad sigue desbordando las plantillas de la Comunidad. Castilla y León han arrancado el curso 2026-2027 con 7.834 vacantes docentes adjudicadas a interinos, la cifra más alta de la serie histórica analizada desde 2011, con un incremento del 92,8 por ciento. De ellas, casi cuatro de cada diez (el 38 por ciento, 2.974 plazas) son contratos a jornada parcial.

CSIF exige transparencia en las sustituciones informáticas, la convocatoria inmediata de las 1.000 plazas de catedráticos de la OEP de 2025 y un sistema de oposiciones realista que evite dejar plazas desiertas en los centros.

A la precariedad laboral se une una emergencia habitacional que castiga directamente a los docentes desplazados, que les empuja -en ocasiones- a rechazar plazas por la imposibilidad de encontrar un alojamiento en alquiler. A través de un escrito remitido a la Consejería de Educación, Isabel Madruga, presidenta de CSIF Educación Castilla y León, ha exigido la apertura de una mesa técnica específica para aprobar un Plan autonómico integral de vivienda y movilidad docente.

CSIF reclama cupos de vivienda pública y alquiler asequible reservados para docentes, en especial en áreas de mercado tensionado y de zonas rurales, ayudas directas al alquiler e hipotecas, actualización real y automática de las indemnizaciones por kilómetros, dietas e itinerancias, así como una mejora integral de pólizas y coberturas de seguro en los desplazamientos por razón del servicio.

CSIF recalca que los excelentes resultados escolares que publicita Castilla y León son fruto exclusivo de los docentes, lo que hace ineludible abordar la equiparación salarial con las autonomías mejor retribuidas y suprimir de una vez la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional. Asimismo, resulta imperativo reducir la burocracia, reforzar la atención a la diversidad, incorporar más personal de administración (PAS) y ejecutar un plan urgente de climatización en las instalaciones escolares.

Aunque la firma del pasado 9 de octubre para remunerar las tutorías y reducir la carga lectiva a mayores de 55 años representa un logro incuestionable, CSIF advierte de que no es un punto de llegada. El sindicato pide a la nueva titular de Educación de la Junta la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025 e implantar una carrera profesional específica para el Cuerpo de Maestros.