IUCyL propone el diseño de un plan con dotación económica para acondicionar las casas de maestros de los núcleos rurales, establecer incentivos para la permanencia del profesorado en estos centros e impulsar entre todos un pacto por la escuela rural como medidas para fomentar el modelo de los CRA en Castilla y León, cuya red ha pasado de 200 en 2007 a los actuales 182.

Estas son algunas de las principales propuestas recogidas por IU en una proposición no de ley, cuyo contenido presentaron en rueda de prensa el procurador en las Cortes de esta formación, José Sarrión, y el portavoz del área de Educación, Javier García, quienes recalcaron la validez del actual modelo de escuela pública y defendieron que sigan abiertas aunque tengan un alumno como un elemento de riqueza cultural.

Javier García asentó la iniciativa para su debate en comisión, aunque Sarrión afirmó que irá a pleno, en que hace 10 años había 91.800 alumnos en las escuelas rurales de España y en el curso 2009-2010 eran 54.000, para añadir que en el caso de Castilla y León de 21.425 menores de 3 y 11 años que empezaron el curso en 2007 quedan 15.231 en este curso, lo que supone una pérdida del 29,8 por ciento.

Respecto del pacto educativo, explicó que han hablado con especialistas y existe un diagnóstico y expresó el deseo de que se pudiera materializar con la presencia de todos los grupos políticos. Según recoge la PNL, los expertos en educación rural expresan que estos centros no sólo serían un mecanismo fundamental para combatir el desarraigo social y cultural, sino que exigen una educación inclusiva donde el alumno de ciclos inferiores es apoyado por el de ciclos superiores.

Sarrión calificó de “novedosa” la medida de diseñar un plan para acondicionar las viviendas de los maestros y que sea un incentivo para que éstos puedan quedarse en las escuelas rurales, junto con otro tipo de ellos como reconocimiento en los concursos de traslados, prioridad para ocupar determinados puestos educativos o liberación de horario lectivo para asistir a actividades de formación.

El parlamentario consideró “razonable” que esas tareas no correspondan sólo a los consistorios, sino que reclamó la implicación económica de la Junta al ostentar las competencias de educación para fomentar la permanencia de los maestros en los pueblos a través de los citados incentivos.

Entre los 16 puntos de la proposición no de ley, se recogen garantizar el derecho a la educación en zonas con especiales peculiaridades geográficas y demográficas; crear un Observatorio de la Educación Rural de Castilla y León para analizar la problemática y aportar soluciones; poner en valor los centros rurales de innovación educativa; no cerrar ningún CRA o impulsar la estabilidad de las plantillas mediante incentivos.