VALLADOLID - EDUCACIÓN
Jueves, 15 de Noviembre de 2018

El Foro de la Familia considera una imposición ideológica el protocolo de atención a los alumnos transexuales de la Junta

ICAL - El presidente de la asociación, Ignacio García-Juliá, anuncia que recurrirán a los tribunales en el caso de su aplicación sea obligatoria a partir de enero

El Foro de la Familia calificó hoy de ataque a la libertad de los padres y de imposición el Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa, una directriz de la Consejería de Educación de la Junta en fase experimental y que está previsto que se aplique a partir del próximo mes de enero.

El presidente nacional de esta asociación, Ignacio García-Juliá, aseguró que este protocolo constituye una amenaza a la libertad de las familias a la hora de elegir la forma de educar a los hijos, a la vez que anunció que en el caso de convertirse en norma obligatoria para todos los centros a partir del próximo enero, recurrirán a los tribunales, dado que es “ilegal e inconstitucional y no tiene ningún sustento jurídico”.

García-Juliá, que compareció junto al presidente de la Federación de Familias Numerosas de Castilla y León, Alberto Sanvicens, y la representante de España Educa en Libertad, Susana Álvarez, también advirtió de movilizaciones para mostrar públicamente el rechazo a una directriz que “busca imponer una determinada forma de ver la sexualidad.

Al mismo tiempo, presentaron un informe jurídico elaborado por el catedrático jubilado de Derecho Administrativo José Luis Martínez López-Muñiz, base para su posible denuncia ante los tribunales, y que concluye que ese protocolo “vulnera derechos y libertades fundamentales”. Por ello, emplazaron al consejero de Educación, Fernando Rey, a su retirada de forma inmediata, a la vez que ofrecieron “diálogo para buscar fórmulas que permitan ayudar a las personas que sufren esta situación sin pasar por encima de derechos y libertades fundamentales de padres y comunidad educativa”, según apuntó García-Julia.

López-Muñiz sostuvo que, como reglamento, no puede obligar ni a centros públicos ni a centros privados, sean éstos concertados o no, dada su falta de publicidad legalmente exigida a través del Boletín Oficial de Castilla y León, lo que hace que carezca de eficacia. Además, explicó que como orden de servicio sí podría producir efectos obligatorios para personal y usuarios (familias y alumnos) de centros públicos, siempre y cuando respetase, para el caso del profesorado, el límite derivado de la libertad de cátedra y expresión docente.

A su vez, también sostuvo que, como directriz administrativa superior, este protocolo tampoco podría obligar ya que restringe “indebidamente y sin base legislativa” alguna las libertades científica, de expresión, ideológica, religiosa; viola el derecho a la intimidad personal y familiar del alumnado y sus familias; impone enseñanzas no determinadas ni por ley ni por las normas reglamentarias que las concretan; lesiona el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias y atenta sobre su derecho-deber al ejercicio de la patria potestad. En este sentido aseguró que la administración no puede “aplicar medidas de propaganda y adoctrinamiento de la ideología de género”.

Legislación

López-Muñiz también argumentó que no existe base legislativa para sustentar este protocolo y recordó que tanto a nivel nacional como a nivel regional se están tramitando leyes similares sobre igualdad y diversidad sexual y de género, por lo que se preguntó que no parece muy claro quién tiene las competencias en esta materia.

Por su parte, Susana Álvarez argumentó que se trata de un intento de suplantar a los padres en su papel como educadores, “ya que todo el proceso su opinión no ha sido tenida en cuenta”. En términos similares se expresó Alberto Sanvicens, que acusó a la Consejería de Educación de “intentar imponer una visión concreta del ser humano atentando contra los derechos de la familia y de nuestros hijos. No vamos a permitir que nos pisen nuestros derechos y libertades de forma unilateral e impositiva por parte de las administraciones. Por eso, pedimos respeto, protección y, sobre todo, libertad”.